Las tribulaciones operativas y financieras del Registro Nacional de las Personas (Renap) han de originar más de una sonrisa de satisfacción y augurios de mayor fracaso en la burocracia edilicia desplazada por ese organismo en el manejo de una actividad que, en manos de las municipalidades, fue corrompida y prostituida hasta límites de verdadera ignominia.

Para esos corruptos, y los alcaldes inmorales que les hacen el juego, lo ideal sería que Renap siguiera de mal en peor, para contar con argumentos de respaldo a su virulento rechazo tanto a su creación como a la transferencia de los archivos de los registros civiles. Por eso han estado empeñados en socavar al Renap, con el pretexto de la inconformidad pública, para restituir a las comunas un sistema arcaico y sucio, del manejo de aquel servicio indispensable e ineludible.

A ningún guatemalteco que se precie de ético y desee seguridad en la administración de los aspectos jurídicos más trascendentales de su existencia le conviene el retorno de aquel servicio a los ayuntamientos. Si lo que se pretende es certidumbre jurídica, aquella posibilidad resulta descabellada e indeseable.

Se cuentan por miles los ciudadanos orillados a verdaderas historias de horror a causa de la manipulación de sus datos en los extintos registros civiles. Debido a la corrupción, que corrió a cántaros en aquellas oficinas, muchas personas sufrieron las consecuencias de asientos de diversa índole cercenados de los libros correspondientes, o de alteraciones que en unos casos convertían a interesados de solteros a casados o viceversa, mientras en otros, personas vivas estaban civilmente muertas. La democracia también pagó un alto costo, porque se documentó a extranjeros para sufragar, y los muertos salían a votar, cuando se suplantaba su identidad.

En cada una de esas alteraciones, escasamente castigadas, empleados venales de los registros —y no pocos alcaldes— amasaron fortunas por el manoseo de datos que sirvió, a su vez, para consumar infinidad de atropellos a los derechos de otros semejantes, como pudo ser el abandono de esposas o esposos, la negación de asistencia económica para cónyuges e hijos, la celebración de nuevos matrimonios, sin estar divorciados, adopciones falsas, el despojo de bienes inmuebles y herencias, y hasta el cobro de seguros de vida de beneficiarios ilegítimos o de personas que no habían fallecido.

Sería una torpeza acceder a las pretensiones de la Asociación Nacional de Municipalidades de que se regrese a las comunas la emisión del Documento Personal de Identificación. Con eso se echaría por la borda un logro en materia de convicción jurídica individual y supondría una vuelta al oscurantismo registral, en oposición a los esfuerzos que realiza la mayoría de países por hacer más segura la filiación de sus habitantes.

Más bien, la solución demanda el fortalecimiento financiero y operativo del Renap, a efecto de que supere los obstáculos que en estos momentos dificultan su eficiencia. Está en manos del Congreso y el Ejecutivo consolidar este esfuerzo para hacer del nuevo registro civil una actividad ágil, confiable y segura.

Tomado de prensalibre.com (21/oct/2009)