Para evitar que la cifra de personas fallecidas por hechos de violencia NO identificadas siga en aumento, el Registro Nacional de las Personas -RENAP- y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF-, firman por un año el convenio de cooperación para erradicar este tipo de subregistro.

El aporte suscrito integra un expediente con los protocolos de aplicación  para identificar en estos casos, a  las personas por medio de la huella dactiloscópica, como parte del ejercicio de las funciones del RENAP en mantener estrecha y permanente coordinación con las entidades de derecho público y privado.

Además, el RENAP con éste convenio tiene el compromiso de mantener actualizado el registro de defunciones, pues al momento, se ha apoyado con más de 11 mil consultas de identidad biométricas y biográficas al INACIF para determinar la coincidencia en este tipo de decesos.

Ambas instituciones tienen la responsabilidad de crear  una Mesa Técnica de Coordinación para tratar los temas relacionados al ejercicio de las funciones para analizar, definir e implementar los compromisos de este convenio que propone mejoras a los procedimientos utilizados.

Fanuel Macbanai García Morales, director del INACIF, resalta la importancia de este convenio para la efectividad entre las entidades, pero sobre todo, una coordinación de trabajo en beneficio de la población.

En este acto se contó con la presencia de José Antonio Pineda Barales, presidente del Organismo Judicial (OJ) quien fue testigo de la firma de dicho convenio que ambas instituciones realizaron que otorgará certeza jurídica al momento de la identificación de las personas por medio de la información que brinde el RENAP para el beneficio de los usuarios.

En ese sentido, Enrique Octavio Alonzo Aceituno, director ejecutivo del RENAP, coincide que las instituciones deben mantener una sinergia de trabajo, al hacer hincapié,  en que la entidad registra los hechos civiles de las personas desde su nacimiento hasta la muerte y muestra de ello, es fusionar las actividades establecidas en la norma sustantiva para el debido cumplimiento como parte del desarrollo de los objetivos, programas y proyectos contenidos  en la normativa interna y los planes estratégicos de cada institución.